Reo confeso

Olavo de Carvalho

Zero Hora, 3 Abril de 2005

En el encuentro que tuvo con Donald Rumsfeld, el vicepresidente y ministro de Defensa, José Alencar, hizo una declaración que manifiesta, de la manera más clara, el estado de completa inconsciencia moral en que vive inmerso este país desde hace algunos años.

 Evitando declarar si considera o no que las Farc son una organización terrorista, admitió que “no está de acuerdo con los métodos de recaudación financiera de ese grupo guerrillero”.

 Esos métodos, como hasta los niños saben y ni siquiera el señor vicepresidente ignora, son el narcotráfico y los secuestros. Sólo faltaba que Su Excelencia estuviese de acuerdo con esas canalladas. Pero el problema es el siguiente: si una autoridad atestigua la práctica de un crimen, ¿tiene derecho a limitarse a “no estar de acuerdo” con él, en vez de mandar investigarlo y castigarlo? La blandura casi cariñosa de la expresión usada por Su Excelencia ante las fechorías sangrientas de las Farc sugiere que, entre el crimen y la ley, la diferencia es de mera opinión, a ser dirimida educadamente en un debate democrático entre el criminal y el juez, sin otro riesgo para el primero que el de perder la discusión. 

Los filósofos griegos llamaba a esa monumental confusión de planos, “metábasis eis allo guénos”: paso a otro género. Era algo así como, en una discusión sobre ecuaciones trigonométricas, recurrir a argumentos de biología. Denotaba, evidentemente, que se era un cabeza de chorlito. Pero el señor Alencar no es propiamente un cabeza de chorlito. No es más que un político de tercera categoría que, en su empeño de mantenerse en el cargo, asume compromisos contradictorios y acaba revelando, sin querer, la confusión mental en que se metió al aceptar responsabilidades superiores a su horizonte de comprensión. Dividido entre el deseo de fingir ser fiable ante el visitante americano y el de dárselas de buen chico ante un gobierno cuyo compromiso de apoyo mutuo con la narcoguerrilla colombiana es público y notorio, sería injusto exigir que el señor Alencar conservase la lucidez de una conciencia íntegra.

 Esmerándose un poco más en el show de incongruencia, el vicepresidente declaró además que, según él, nadie tiene que interferir en los asuntos internos de otros países. Pues bien, Su Excelencia sabe perfectamente que las Farc venden 200 toneladas anuales de cocaína en el mercado brasileño, usan nuestro territorio como base para la compra ilegal de armas, manipulan el narcotráfico en los cerros do Rio de Janeiro, penetran en nuestra Amazonia en busca de reclutas brasileños y, como el comando del Ejército advierte cada dos por tres, disparan a nuestros soldados de los batallones de la frontera. Salvo error, la defensa de nuestra integridad territorial incumbe al ministro de Defesa, o sea, al señor José Alencar. Pues bien, ante tan obvios ataques armados a nuestra soberanía, ¿qué hace el ministro? Pide la palabra en el debate académico. Sabe que una conducta es criminal, que pone en peligro la soberanía nacional y que ésta está bajo su directa jurisdicción, pero no hace nada para reprimirla más que declarar, con toda la ponderación diplomática imaginable, que no le gusta mucho.

 Para cualquier observador que conserve aún su capacidad de discernimiento jurídico, es obvio que, en ese instante, el señor ministro y vicepresidente se convirtió en reo confeso de crimen de prevaricación. Pero también es obvio que, entre los pocos que conservan esa capacidad, casi todos han tratado de atrofiarla a propósito para sobrevivir políticamente (o incluso financieramente) en ese laberinto de mentiras y alucinaciones que es el gobierno Lula. Por eso es cierto que su confesión explícita, en vez de quitar al señor Alencar de la vicepresidencia y del ministerio y mandarlo a la cárcel, como sucedería en una situación normal, sólo contribuirá a mantenerlo en sus dos cargos y en el confortable ejercicio de unos derechos que, desde el miércoles, ya no debería tener.