Olavo de Carvalho
Inconfidência, 25 de agosto de 2003
Uno de los rasgos más destacados y escandalosos de la vida brasileña hoy en día es la diferencia de estatuto social entre dos grupos de "víctimas": las "víctimas de la dictadura" y las "víctimas del terrorismo". En ambos casos, la expresión incluye no sólo a personas que sufrieron daños directos por parte de sus respectivos verdugos, sino también a sus familiares y descendientes, herederos de las lágrimas, de los dolores y del perjuicio. Pero toda semejanza termina ahí. En el resto el contraste es brutal. Mientras los miembros del primero grupo se regocijan y regodean en un festival de sabrosas indemnizaciones estatales y de desagravios sin fin en los periódicos y en la TV, sin contentarse con ello sino más bien enfadándose y lloriqueando cada vez más a medida que sus egos heridos reciben nuevas y nuevas satisfacciones, los del segundo se hunden cada vez más en un silencio contrito y atemorizado, como si en vez de víctimas fuesen criminales. Nadie les indemniza, nadie les consuela, nadie ni siquiera se acuerda de ellos. Y hay ciertamente una buena razón para eso: son la prueba viviente de que los del otro grupo no son inocentes perseguidos, sino cómplices de crímenes hediondos, cuya réplica recibieron y nunca se conformaron con recibirla, creyéndose hasta hoy merecedores de premio y no de castigo por los secuestros, homicidios y atentados que realizaron.
De hecho, el régimen de 1964 no cometió violencia física contra nadie, limitándose a despedir a algunos funcionarios y a destituir a los políticos acusados de corrupción o de complicidad en la agresión armada que la dictadura cubana, desde 1962, venía fomentando y subvencionando en Brasil.
La violencia empezó en el otro lado. Cuando el gobierno comenzó a reaccionar en 1968, organizando la máquina represiva que terminaría estrangulando a la guerrilla rural y urbana, sus enemigos ya habían realizado 84 atentados con explosivos y no podían confiar que tanta gentileza continuase indefinidamente sin una respuesta a la altura.
En el balance final, hubo más o menos 300 muertos entre los izquierdistas, 200 entre los agentes del gobierno, sin que ninguno de los lados pudiese razonablemente alegar que sólo recibió golpes y que no dio ninguno. Y siempre les quedará a los partidarios del régimen militar la disculpa verídica de que su violencia fue completamente reactiva, y muy moderada, por cierto, si se compara el gran desequilibrio de fuerzas con la pequeña diferencia del número de víctimas. Los hombres del gobierno podrían haber matado a toda la izquierda: se limitaron a matar lo suficiente para no morir.
Es absolutamente inaceptable el argumento que pretende falsear ese equilibrio alegando que había una diferencia de valor moral entre los motivos de uno y otro lado, que los unos defendían una dictadura y los otros luchaban por la democracia. Pues estos últimos tenían su central de mando y su base de operaciones en Cuba, una tiranía sangrienta que, para entonces, ya había matado a 14 mil civiles desarmados. No hay sinceridad ni moral en individuos que, so pretexto de luchar contra una dictadura, se alían a otra mil veces más represiva e incluso genocida.
En la mejor y más benigna de las hipótesis, es decir, desconsiderando las razones subjetivas de una y parte, muertos son muertos y merecerían un trato igualmente respetuoso, víctimas son víctimas y merecerían iguales desagravios, daños son daños y merecerían iguales reparaciones.
El exilio, el ostracismo deprimente en el que los medios de comunicación y el gobierno han colocado a las víctimas del terrorismo es la prueba de la total falta de sinceridad, de la monstruosa deshonestidad de nuestras elites parlantes y dominantes. En este mismo momento, hay centenares de familias que, atemorizadas por el ataque publicitario a la imagen de sus muertos, lloran en secreto, con miedo a revelar una historia que, en circunstancias normales, sería para ellas motivo de orgullo.
Mientras el gobierno no saque a esa gente del depósito de basura en el que la encerró, mientras la izquierda nacional no admita sus crímenes en vez de achacar a sus adversarios el monopolio del mal, todo en este país será fingimiento, mentira, hipocresía y pecado.
Los hombres de uniforme, de entre los cuales el terrorismo escogió la mayor parte de sus víctimas, son los primeros que tienen el deber de no conformarse jamás con la segunda muerte que el establishment brasileño ha impuesto a unas personas cuyo único crimen fue el cumplimiento del deber.
Y no hay manera más noble de conmemorar la fecha de Caxias que preguntándose cada uno a sí mismo, en el fondo de su conciencia: ¿qué haría ante una situación como ésa el patrono de nuestro Ejército? ¿Ayudaría a ocultar, con sonrisas lisonjeras, un pasado que no puede acabar de pasar nunca? ¿O levantaría su voz, día tras día, en la más justa de las protestas, hasta que el último descendiente de la última víctima recibiese un tratamiento digno?