Olavo de Carvalho
Zero Hora, 13 de julio de 2003
Los políticos, empresarios y personajes importantes en general que pregonan alegremente las virtudes del desarme civil tienen su protección garantizada por guardias de seguridad armados. Tanto si los pagan de su bolsillo como con dinero público, tienen ventaja sobre el ciudadano de a pie, que en la mejor de las hipótesis se compra a plazos una pistola y, a la hora del problema, tiene que empuñarla personalmente.
Ahora Sus Excelencias quieren que renuncie a esa modesta garantía individual, sin que ellas abdiquen concomitantemente de las suyas, mucho más grandes y eficientes.
¿Qué diferencia hay entre tener un revólver en la mesilla y tener media docena de guardas rondando la casa? En ambos casos se trata de posesión de armas, pero en el segundo el poder de las armas es duplicado por las habilidades de la tropa entrenada. Si ya esa diferencia es grande, mayor aún es la que hay entre tener protección doble y no tener ni siquiera una pistola en la mesilla.
Una vez aprobado el desarme civil, el derecho a la legítima defensa quedará reservado para quien tenga suficiente dinero para pagarlo.
Es la creación de una sociedad de castas, con la posesión de los medios de defensa transformada en privilegio de los grandes señores.
¿Que pasa en el corazón de un hombre que, flanqueado por guardas con pistolas Glock y ametralladoras Uzi, exige que los ciudadanos de a pie se expongan a los mismos peligros de los que a él le protege el dinero? O ese individuo tiene la candidez inconsecuente de un perfecto idiota o es un monstruo de cinismo y de amoralidad, un sociópata, un alma de criminal tras la máscara de padre de la patria.
Uno de los dos es el caso de Sus Excelencias.
Personalmente, no tengo arma. Ya la tuve, pero se quedó vieja, se oxidó y fue a parar a la basura. Si tuviese una y, privado de ella por orden del Estado, fuese a continuación víctima de un asalto sin poder defenderme, no dudaría en responsabilizar judicialmente a las Excelencias que, armadísimas, me hubiesen desarmado.
Una vez victorioso el desarme civil, la diferencia entre protegidos y desprotegidos será tan amplia, chocante y escandalosa, que difícilmente se podrá contener el resentimiento popular contra los privilegiados de la seguridad personal.
Pero ese peligro es demasiado obvio como para que no se les haya ocurrido a los propios defensores de ese proyecto insano. Si, a pesar de todo, siguen queriendo implantarlo, o es porque son obstinados hasta la locura, o porque tienen con ello una segunda intención.
¿Cuál?
La campaña por el desarme civil proviene de las mismas fuentes internacionales -- ONU, Comunidad Europea, fundaciones millonarias -- que apoyan al MST (Movimiento de los Sin-Tierra). La inevitable sublevación contra la nueva estratificación social será el pretexto para una segunda campaña, esta vez por el monopolio estatal de los servicios de seguridad, por la extinción de las empresas privadas que hoy protegen tiendas, edificios, casas y haciendas.
Si en nombre de la paz y del orden los ciudadanos honestos fuesen entregados inermes en manos de los bandidos, en nombre de la igualdad y de la democracia las grandes propiedades serán desprovistas de los medios para protegerse a sí mismas. Principalmente las grandes propiedades rurales, que hoy tienen en los guardas de seguridad armados su única protección contra invasores apadrinados por el gobierno.
Cuando todas las armas sean del gobierno, las propiedades serán de quien el gobierno quiera.
Acepten el desarme civil, y aceptarán esa consecuencia inevitable.
Y, si se imaginan que la "opinión pública internacional" vendrá a socorrerles en ese momento, sepan que le tienen totalmente sin cuidado los granjeros de Sudáfrica y de Zimbawe, que están siendo asesinados a mansalva, como conejos en temporada de caza, por gobiernos contra los que no se oye ni una sola palabra en la ONU, en la CE o en los grandes medios de comunicación.