Tejados transparentes

Olavo de Carvalho

Folha de S. Paulo, 28 de abril de 2003

Cuando algún político de derechas o simplemente sin convicciones ideológicas es acusado de desvío de fondos y su partido intenta evitar las investigaciones, los medios de comunicación en bloque denuncian el juego sucio y, con expresiones de alta indignación moral, reclaman "transparencia". Pero el Sr. presidente de la República no ha sido acusado de vulgar corrupción. Ha sido acusado de recibir, cuando era candidato, ayuda financiera de la mayor organización criminal del continente, responsable del suministro masivo de cocaína al mercado nacional.

Para impedir las investigaciones, no ha recurrido a ningún ardid parlamentario, sino a la intimidación directa, anunciando que va a procesar al denunciante, el diputado Alberto Fraga (PMDB-DF), por el crimen de ejercer una de las prerrogativas básicas de su mandato parlamentario. Al mismo tiempo - según leo en la columna de Elio Gaspari -, agentes del gobierno se están moviendo para evitar que Boris Casoy, el único entrevistador de la TV paulista que tuvo la osadía de preguntar algo a Lula sobre las Farc en la campaña electoral, vuelva a contristar el alma sensible del Sr. presidente.

Peor aún, al movilizar la “Abogacía General de la Unión” contra Alberto Fraga para que lo procese, el Sr. presidente de la República utiliza un órgano público como si fuese el bufete de sus abogados particulares. La ofensa del diputado - si es que hay ofensa en pedir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) - no ha sido hecha a la Presidencia, sino al Sr. Luiz Inácio y a su partido, que son los únicos involucrados en el litigio y a los que corresponde la obligación de devolver, de su bolsillo, el costo de cada minuto de trabajo gastado por los abogados de la Unión en una causa de interés privado.

Y nadie en los medios de comunicación parece escandalizarse por esas cosas, ni exige la comprobación de las denuncias, ni censura al Sr. presidente por la privatización de la Abogacía General. La clase periodística parece empeñada en ocultar tanto la denuncia como su represión; de la primera sólo hemos dado noticia yo y la prensa de Brasilia, de la segunda sólo media docena de periódicos en discretísimas notas relegadas a los rincones de las páginas, sin ninguna mención a la irregularidad del procedimiento presidencial. Mientras tanto, en el Parlamento y en la TV, resuena un tumulto de mil diablos acerca de los delitos incomparablemente menos graves atribuidos a Antônio Carlos Magalhães.

Ya empiezan a circular por internet mensajes peyorativos contra el diputado Fraga, en un esfuerzo de character assassination, proveniente de no se sabe dónde, pero destinado a minar el interés del público por las pruebas y documentos que el diputado promete presentar en la CPI, para cuya instauración cuenta ya, según dice, con 127 firmas de parlamentarios, faltándole sólo 45.

No conozco a Alberto Fraga, no sé nada sobre sus virtudes y defectos, pero sé que, en tiempos de Fernando Collor, nadie alegó las malas cualidades morales de su hermano Pedro como excusa para no escuchar su testimonio. Sé que contra los "enanos del presupuesto" a nadie se le cayeron los anillos por convocar como testigo principal a un conocido estafador y asesino. ¿Qué me importa, pues, si el denunciante es bueno o malo? Todo lo que espero es que las pruebas que dice tener sobre lo que parece ser el mayor delito electoral de todos los tiempos sean reveladas. Pero no me extraña que los primeros que intentan ocultarlas sean precisamente los apóstoles de la "transparencia": los tejados de cristal, por definición, son transparentes.

El Sr. presidente de la República fue fundador y, durante diez años, líder máximo del Foro de São Paulo, coordinación del movimiento comunista en el continente, en la que los partidos legales de izquierda se articulan en una estrategia común con organizaciones terroristas y criminales como las Farc y el MIR chileno - este último el mayor accionista de la industria brasileña de secuestros. Sólo eso bastaría ya para hacer de él un tipo sospechoso, cuya actuación en tan turbias compañías debería ser meticulosamente investigada.

Sin embargo, en las elecciones de 2002, la expresión "Foro de São Paulo" fue totalmente suprimida de los medios de comunicación y de los debates. Nunca, en 37 años de periodismo, he visto un esfuerzo de ocultación tan general, tan cínico, tan obstinado. Y es que no podía ser de otra manera: de los contrincantes del Sr. Luiz Inácio, dos eran socios suyos en el Foro de São Paulo y el tercero, que lo sabía todo, no desearía por nada de este mundo perturbar con conversaciones desagradables una elección planificada para ser una fiesta íntima de los partidos de izquierda.

En aquella época, escribí bastante contra todo eso, pero rechazaba categóricamente cualquier hipótesis de interés financiero en las conexiones entre Lula y la narcoguerrilla colombiana. Ahora, frente a las nuevas denuncias, el silencio de los medios de comunicación, de los políticos y de los líderes empresariales deja de ser sólo inmoral, para convertirse en algo francamente criminal.

Cuando toda la elite parlante de un país se vuelve tan servil a la falsa moral izquierdista, está lista para admitir que, en el fondo, no hay nada malo en que un candidato presidencial reciba dinero del narcotráfico, siempre que se trate del narcotráfico "de izquierda". Y, entonces, igualar a Brasil con Colombia será un exceso de optimismo: en Colombia, las Farc son odiadas por el 98% de la población. Aquí, no hay amabilidad que sea suficiente para complacerlas. El presidente de la República se niega a llamarlas lo que son; tres comandantes de la organización están refugiados en el territorio nacional mientras el ministro de Defensa alega que no tiene nada contra ellas; y los técnicos en guerrilla que las Farc envían para perfeccionar la violencia carioca son llamados “disidentes” por los medios de comunicación - sin la menor prueba de que lo sean -, para no manchar la reputación de la distinguida entidad asesina.